- III ¿ Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la presente INHIBICIÓN planteada por el ciudadano LUIS PETIT GUERRA, JUEZ OCTAVO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS. Remítase al presente expediente en la oportunidad al Tribunal de Origen. Déjese copia certificada de la presente decisión, en el copiador de sentencia de este Tribunal. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la sala de despacho Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, treinta (30) días del mes de Noviembre de Dos mil Seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.- EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZALEZ

CAPITULO III Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el presente recurso de hecho interpuesto por el abogado CESAR DASILVA MAITA, apoderado judicial de la ciudadana ANA LUCIA MAITA, contra el auto dictado el 10 de noviembre de 2006, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que negó el recurso de apelación interpuesto contra el auto fechado el 16 de octubre de 2006 que decretó la medida cautelar, en el juicio que por simulación tiene incoado en su contra la ciudadana ROSA ESPINOZA MILLAN, el cual queda confirmado en todas y cada una de sus partes. Expídase copia de la presente decisión, a los fines de s.....

III DISPOSITIVO DEL FALLO Por los razonamientos antes explanados, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de regulación de competencia ejercida en fecha 28 de julio de 2006, por la parte demandante, ciudadano RAMIRO SIERRAALTA, contra la decisión proferida en fecha 03 de julio de 2006, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que acordó la acumulación de la acción de resolución de contrato de opción de compra que se sustancia en el expediente Nº 02-0178, nomenclatura de dicho juzgado, y la signada con el Nº 23.775, que cursa en el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por considerar la exi.....

DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición planteada por el Dr. RÉGULO APONTE MADRID, en su carácter de Juez Primero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96 del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarse incursa en la causal de inhibición contenida en el numeral 7º del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, publíquese, déjese copia de la presente decisión, y remítanse las actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que se envíen al Juzgado que actualmente se encuentre conociendo de la causa. EL JUEZ PRESIDENTE PONENTE, CÉSAR.....

DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, este JUZGADO SEXTO DE EJECUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY, CONCEDE EL BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA al ciudadano JULIO ANTONIO GUDIÑO TORO, titular de la cédula de identidad N° V- V-9.159.706, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 495 del Código Orgánico Procesal Penal, fijando como lapso de Pruebas el tiempo de UN (1) AÑO, contados a partir de la presente fecha, el cual culminará en fecha 30 de noviembre del año 2007.

DISPOSITIVA En consecuencia, este Tribunal Trigésimo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: ABSUELVE el ciudadano: IRIARTE ÁVILA JEAN CARLOS, de Nacionalidad Venezolano, natural de La Guaira, nacido en fecha 08-05-78 de 28 años, de estado civil Soltero, de profesión u oficio Auxiliar de Farmacia, DESEMPLEADO, hijo de CARLOS ENCARNACIÓN IRIARTE (V) y SOLANGEL DEL VALLE GUERRA (V), residenciado en Carretera vieja de las minas de Baruta, Residencias Las Danielas, Torre 06, Piso 06, Apto 8-2, y titular de la Cédula de Identidad N° V-133.832.138, de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, DETENTACIÒN DE ARMA DE FUEGO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previstos y sancionados en el artículo 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, en relación con los numerales 1º, 2º, 3º, 4º,.....

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso, y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada.

Así las cosas, corresponde a este Tribunal determinar si la pretensión de desalojo por dicho incumplimiento, es procedente de conformidad a la Ley. A tales efectos, se constata que el Parágrafo Segundo del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, establece: "Queda a salvo el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan por otras causales distintas a las previstas en el presente artículo". Sobre esta disposición, se ha entendido y así lo interpreta quien decide, que cualquier causal distinta a las previstas en el artículo 34 eiusdem, puede ser de las establecidas convencionalmente por las propias partes, siempre y cuando no violen el orden público o cualquier disposición expresa de Ley; como el caso que nos ocupa, donde las partes convinieron en la cláusula octava del contrato que la falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas serían motivo de la petición de resolución del contrato de arrendamiento. Ahora bien, puesto que el parágrafo citado prevé el ejer.....

El Tribunal observa que el abogado FELIX DE STEFANO SÁNCHEZ, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, tiene la capacidad para celebrar transacciones, según consta en el poder autenticado ante la Notaría Pública Primera del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 8 de agosto de 2006, anotado bajo el N° 41, Tomo 110, así como la parte demandada la cual se encuentra debidamente asistida por el abogado ENRIQUE SABAL, antes identificado; por lo que ambas partes tienen capacidad para disponer del objeto sobre el cual versa la controversia y se trata este juicio de materia en la cual no están prohibidas las transacciones. En consecuencia, este Tribunal le imparte su homologación a la transacción presentada en fecha 27 de noviembre de 2006, teniéndose la misma como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil.

En virtud de los argumentos de hecho y de Derecho que anteceden, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide así: PRIMERO: Declara CON LUGAR la demanda que por Cobro de Bolívares, incoara la sociedad mercantil "Compañía Anónima Metro de Caracas", en contra de la empresa "La Central de Seguros, C.A.", hoy "Seguros Mercantil, C.A.", ambas ampliamente identificadas en el encabezamiento de esta decisión. SEGUNDO: En consecuencia, se condena a la demandada al pago de la suma de Siete Millones Setecientos Veinticuatro Mil Doscientos Veintidós Bolívares con Ochenta y Cinco Céntimos (Bs. 7.724.222,85) por conceptos de precio básico del contrato, precio básico de la obra ejecutada, precio básico de obra no ejecutada, indemnización, pagos hechos a la contratista o a su nombre, precio .....