Ahora bien , consta de autos que en fecha veintidós (22) de julio del año 2010, compareció el abogado Rafael Coello Ramos, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7.857, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil GMAC DE VENEZUELA C.A., y mediante diligencia que riela en este expediente al folio veintidos (22), desistió del procedimiento, en nombre de su representada y solicitó del tribunal la devolución de los originales que cursan en el expediente, y por lo que este tribunal evidenciado como se encuentra que la parte demandante tiene plena capacidad para disponer del objeto sobre el que versa la controversia, su apoderado tiene la representación que se atribuye la cual le confiere facultad para este acto, y se trata de materias en las que no se encuentran prohibidas las transacciones, este tribunal Administrando Justicia y nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN de conformidad con lo dispuesto en el articulo 265 del Código de P.....

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por la Autoridad que le confiere la Ley, de conformidad con lo estatuido en los artículos 12, 242, 243, 520 del Código de Procedimiento Civil en el que declara: CON LUGAR LA APELACION, ejercida por la ciudadana YOLIMAR QUINTERO VASQUEZ apoderada judicial de la parte actora, en contra del auto dictado en fecha 31-05-2010, por el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se Revoca el auto apelado.

Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y en estricto acatamiento del criterio anteriormente trascrito, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. Y ASÍ SE DECIDE.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado RAÚL MEDINA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 112.135, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº V.- 4.295.837, contra la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES ALEXCAP 60-57, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de agosto de 2007, bajo el Nº 43, Tomo 1631 A, por la presunta violación de los artículos 87, 89, 91 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 23, 24, 102 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo. En consecuencia declina su conocimiento a los Tribunales de Primera Instanc.....

Ahora bien, en la presente demanda se pide el desalojo de un inmueble arrendado para vivienda ubicado en el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, como ya se indicó anteriormente; sin que se haya acompañado de la autorización del Alcalde ni de la solvencia Municipal, razón por la cual este Tribunal considera que lo procedente en este caso es declarar la Inadmisibilidad de la presente demanda. ASÍ SE DECIDE. Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la demanda que por DESALOJO, incoara RUT MERCEDES VILCHEZ ESCOBAR contra el ciudadano CARLOS JOSÉ MURA FERNANDEZ. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia del presente fallo en el copiador de sentenc.....

En fundamento las anteriores consideraciones, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA LA PERENCION DE LA PRESENTE INSTANCIA de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 ejusdem, y en consecuencia se producen los efectos indicados en el artículo 271 ejusdem. Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatoria en costas.

"...El Tribunal, vista la exposición anteriormente formulada, acuerda diferir la práctica de esta medida para una nueva oportunidad, por lo que se acuerda reservar esta comisión en el Archivo de este Tribunal durante un tiempo prudencial..."

Por cuanto la presente decisión ha sido dictada fuera del lapso procesal respectivo, se ordena la notificación de las partes de conformidad con los artículos 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, tomando en consideración la normativa y los criterios antes transcritos y de una revisión efectuada a las actas procesales que conforman el presente expediente, éste Tribunal observa en el caso de marras, que en efecto, desde el día 15 de Diciembre de 2009, fecha en la cual fue librado por éste Juzgado el cartel intimatorio, hasta el día 17 de mayo de 2010, fecha en la cual fue consignado por la representación judicial de la parte actora dicho cartel debidamente publicado en prensa, transcurrieron íntegramente más de los treinta (30) días previstos en el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sin que la parte actora diera oportunamente el respectivo impulso procesal a la intimación por cartel de la parte demandada, evidenciándose en autos, que no cumplió con la obligación que la ley le impone para lograr la intimación por cartel de la parte demandada, al no publicar y no consignar el cartel de intimación respectivo dentro de los treinta (30.....

En tal sentido, la parte actora estimó la presente demanda en la cantidad de DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS BOLIVARES CON VEINTISEIS CENTIMOS (10.176,26) y al pretender que se decrete embargo ejecutivo sobre el inmueble arriba identificado, resulta extremadamente exagerado en cuanto se excede la proporción a que debe sujetarse el decreto de toda medida cautelar por parte de los órganos jurisdiccionales. En fuerza de los razonamientos anteriormente expuestos, se NIEGA LA SOLICITUD DE MEDIDA De EMBARGO EJECUTIVO. Así se decide.