III DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, el treinta (30) de Junio de dos mil cinco (2005) contra la decisión de fecha veintiuno (21) de Junio de dos mil cinco (2005) dictada por el Juzgado Sexto de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, que declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES ejercida por AGROPECUARIA EL GUANIAMO, S. R. L. contra el ciudadano ALFREDO J. BUFFARDI DI GERÓNIMO, todos plenamente identificados en el encabezado del presente fallo. SEGUNDO: SE CONFIRMA en toda y cada una de sus partes a decisión dictada por el Juzgado Sexto de Municipio de e.....

virtud de lo antes expuesto y como quiera que el pretendido interviniente ciudadano JULIO DAUPHIN, debidamente asistido por la abogada ISABELINA REYES, no se opone a la ejecución, por el contrario pide se lleve a cabo la ejecución definitiva de la sentencia dictada en fecha 19 de Mayo de 1998 que declaró CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLÍVARES intentada por la Sociedad Mercantil INVERSIONES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS C.A. (INMASERCA) contra la Sociedad Mercantil DUROCOS C.A., cuya petición solo le corresponde a la parte gananciosa del fallo; adicionalmente no acredita ser representante del Campamento de Pioneros Regalo de Dios; tampoco acredita haber realizado las actuaciones que alega haber hecho y sumado a ello tampoco indica el supuesto en el cual fundamenta su intervención, a lo cual también esta obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal NIEGA la intervención del ciudadano JULIO DAUPHIN.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA RECONVENIDA. DE LAS DOCUMENTALES En lo referente a las pruebas documentales ampliamente identificadas en los particulares identificados "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" y "9" del CAPITULO I del escrito de promoción de pruebas, este Tribunal las ADMITE cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su valoración en la sentencia definitiva. Así se establece. DE LOS INFORMES En lo que se refiere a la prueba de Informes promovida en el escrito de promoción de pruebas, se ADMITE cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, salvo su valoración en la sentencia definitiva. En consecuencia, a tenor de lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, acuerda: DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA RECONVINIENTE. DEL MÉRITO FAVORABLE DE LOS AUTOS En relación al Capitulo denominado "PRIMERO" del escrito de promoción de pruebas, se niega .....

En mérito de la anterior exposición este Tribunal Vigésimo Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, la acción de COBRO DE BOLIVARES (VIA EJECUTIVA) intentada por la Sociedad Mercantil ADMINISTRADORA ELITE, C.A. en contra de ALBERTO ENRIQUE ANTUNEZ VETHENCOURT, ambas partes suficientemente identificadas.

Se dictó resolución mediante la cual se Homologó la Transacción Judicial celebrada en fecha 7 de octubre de 2014, por ante este Despacho, por los ciudadanos, la abogada YRAIMA COROMOTO AGUILARTE, quien actúa como apoderada judicial de la Sociedad de Comercio BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A., y la parte demandada, y el ciudadano OMAR JOSÉ SOTO CASTILLO, quien actúa con el en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MANTENIMIENTO UENTE C.A., debidamente asistido por el abogado RICCI MARIN, en los términos expuestos por ellos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.713 del Código Civil, en concordancia con los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, téngase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Se dictó despacho saneador mediante el cual se exhortó a la parte demandante, Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MAJAR, C.A., a presentar escrito de reforma a la demandada, en el cual corrija la diferencia o discordia que existe entre la cantidad expresada en letra con la cantidad enunciada en número en el párrafo primero de la estimación que pretende cobrar, para lo cual se le concedió un lapso de diez (10) días de despacho, siguientes a la presente fecha.

Ahora bien, el Tribunal por cuanto de la revisión de los documentos acompañados a la demanda, se desprende la presunción grave del derecho que se reclama, así como la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, decreta MEDIDA EJECUTIVA DE EMBARGO, sobre bienes propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 2.765.496,89), que comprende el doble de la suma demandada en pago, más las costas de ejecución prudencialmente calculadas por este Juzgado en un 25% del monto adeudado, que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs.307.277,43) cifra ésta ya incluida en el monto antes señalado. Si la medida de embargo ejecutivo recayese sobre cantidades líquidas de dinero, esta deberá practicarse hasta cubrir la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MI.....

Atendiendo a todo lo expuesto, este Tribunal Décimo Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos ARMANDO HILARIO PALIMA FLORES y MARIA DOLORES MANOVEL GIMON, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-5.540.557 y V-4.351.070, respectivamente, en consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial por ambos contraído en fecha 19 de julio de 1993, por ante el Registro Civil de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta de Acta de Matrimonio anotada bajo el Nº 114, asentada al folio Nº 114, Tomo I, correspondiente al año 1993, del Libro de Registros Civil de Matrimonios llevados por dicha Autoridad Civil

se ADMITEN, cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales o impertinentes, dejando a salvo la apreciación que de ella se haga en la definitiva.-

este JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la reconvención interpuesta por el ciudadano ARON SZKOLNIK, en contra de los ciudadanos HERMILA CAROLA CASTILLO GARCÍA y FERNANDO JOSÉ ROCHA MARCANO, ya identificados. SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por DAÑOS y PERJUICIOS y por DAÑO MORAL, incoada por los ciudadanos HERMILA CAROLA CASTILLO GARCÍA y FERNANDO JOSÉ ROCHA MARCANO contra el ciudadano ARON SZKOLNIK, ya identificados. TERCERO: SIN LUGAR la indemnizacion por los daños morales solicitado por la ciudadana HERMILIA CAROLA CASTILLO GARCÍA en contra del ARON SZKOLNIK, ya identificados. CUARTO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civi.....