NIEGA la medida preventiva de embargo solicitada en la demanda, por el abogado Jesús Eduardo Rodríguez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Banesco, Banco Universal C.A., en la pretensión de Cobro de Bolívares, deducida en contra del ciudadano Claudio Daniel Sorbelli Buonocore, por no encontrarse llenos los extremos legales a los cuales alude el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil

Se dictó Sentencia Interlocutoria Con Fuerza de Definitiva mediante la cual se declaró consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la causa que por COBRO DE BOLIVARES intentara la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL EL VALLE contra el ciudadano ANTONIO AMOS MONTELONGO GONZALEZ.Como consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declaró EXTINGUIDO el proceso, con el expreso señalamiento a la parte actora, que para volver a proponer la acción que nos ocupa, deberá dejar transcurrir íntegramente el lapso previsto en el artículo 271 ejusdem. No se hace especial condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo, ello de conformidad en lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Por otra parte y en este mismo orden de ideas, el Tribunal observa, que no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva solicitada, pues si bien, podría considerarse de la lectura de los anexos al libelo de la demanda, los cuales son: Instrumento de Poder, y estados de cuenta, la eventual existencia de la presunción del derecho que se reclama, ya que no pueden valorarse estas documentales, toda vez, que la oportunidad de pronunciarse es la sentencia definitiva, no existiendo presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo, en tal sentido, al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada relativa a la medida de embargo preventivo, más aún, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14-02-2004, caso: Eduardo Parilli Wilhem, estableció: "... El otorgamie.....

Por todas las argumentaciones que se han dejado extendidas este Tribunal NIEGA la medida de embargo y así se decide. Dada, firmada y sellada en la Sala del Juzgado Décimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 21 de abril de 2014. Años 203° y 154°.

Ahora bien, por cuanto las partes tienen plena capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción, y que tienen facultad para este acto, y siendo que el objeto de la misma no versa sobre materias en las cuales están prohibidas las transacciones, este tribunal Administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley le imparte su HOMOLOGACIÓN bajo los términos y condiciones por ellos expuestos, dando por consumado el acto, procediéndose como Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase.-

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 12 de febrero de 2007 (F.104, pieza 1), por la abogada Francis Goite Celis, co-apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 18 de enero de 2007, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Como consecuencia del anterior particular, SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA que por Cobro de Bolívares intentara el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., contra la sociedad mercantil MAFECA 2000 COMERCIALIZADORA, C.A., y los ciudadanos EDUARDO MARTÍNEZ FERNANDEZ e INGRID LOUISE ARCHER, todos plenamente identificados al inicio de la presente decisión. Por vía de consecuencia, se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora los siguientes montos: 2.1) La cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉN.....

En ese sentido, sí se hace procedente el pedimento de la parte demandada, sociedad mercantil INVERSIONES LUBEGAN, S.R.L., y se estima que la primera instancia debió limitar en el despacho de ejecución, en forma expresa, positiva y precisa (Art. 243, 5º Código de Procedimiento Civil), el embargo de bienes (muebles o inmuebles) hasta por una cantidad de dinero que no debía exceder del doble de la deuda y de las costas procesales, conforme se señala en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil. Congruentes con lo señalado, se estima que se debe anular el decreto de ejecución -embargo ejecutivo- de fecha 24 de abril de 2012, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por incurrir en una violación de los artículos 243, 5º y 630 del Código de Procedimiento Civil, causando indefensión a la parte accionada y ordenar que se libre nuevo despacho embargo donde se p.....

este JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en virtud que esta causa se encuentra comprendida en los presupuestos de la Resolución N° 2011-0062, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de noviembre de 2011, DECLARA: PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA APELACIÓN interpuesta por la parte demandante contra el fallo dictado en fecha 06 de abril de 2005, por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual declaro SIN LUGAR la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES que incoara la sociedad mercantil ADMINISTRADORA TERRANOVA, C.A., contra el ciudadano JONATHAN EDWARD HENAO PORTILLA, ambas partes identificadas al inicio de este decisión; SEGUNDO: ORDENA remitir e.....

Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 ejusdem. Dada la naturaleza jurídica del presente fallo se exime de costas a las partes.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.