SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada el 03 de octubre de 2018, por el Juzgado Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual queda CONFIRMADA en todas y cada una de sus partes, y como consecuencia de ello:

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO (15°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO en la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, incoado por el ciudadano JUAN RAMÓN SILVA BORGES en contra de la entidad de trabajo JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MONTE PINO Y CONDOMINIO IBIZA, C.A.- SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.

Por las razones de hecho y de derecho precedentes, este Juzgado Noveno (9°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de noviembre de 2018 por el abogado Frank Vicent, en su condición de apoderado judicial de la parte recurrente, sociedad mercantil, CERVECERÍA POLAR, C.A., contra la sentencia dictada el día 08 de octubre de 2018, por el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia de Juicio de éste Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oída en dos efectos en fecha 19 de diciembre de 2018, que declaró la PERENCION DE LA INSTANCIA del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por la sociedad mercantil CERVERIA POLAR, C.A., contra los ACTOS ADMINISTRATIVOS que ordenan los REEN.....

Congruente con todo lo expresado, considera este sentenciador que habiendo reconocido la demandada el derecho del intimante a percibir los honorarios profesionales en lo que respecta a las actuaciones que realizó en el expediente de partición antes mencionado, acogiéndose la intimada sólo al derecho de retasar el monto estimado por el accionante; es por lo que esta alzada debe necesariamente declarar procedente el derecho a cobrar honorarios de abogado deducidos en el presente juicio, en virtud de que además el actor cumplió con la carga procesal de probar la realización de las actuaciones en representación del ciudadano Carlos Fermín Miranda, por lo que la apelación interpuesta debe ser declarada parcialmente con lugar dada la modificación de la recurrida, siendo que una vez que este fallo quede definitivamente firme, el tribunal a quo deberá fijar por auto expreso la oportunidad para el nombramiento de los jueces retasadores, quienes valoraran cada una de las actuaciones ya señaladas.....

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., empresa filial de PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), contra la Providencia Administrativa SNAT/ INTI/ GRTICERC/ DR/ AREPD/ 2009/ 111-1548 de fecha 10 de julio de 2009, emitida por el Gerente Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En consecuencia, se CONFIRMA la Providencia Administrativa impugnada. No procede la condenatoria en costas, en virtud de los privilegios previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la pu.....

Declara: PRIMERO: EXTINGUIDO el procedimiento incoado por la ciudadana ZORAIDA BIBIANA TIRADO LINARES, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 8.724.607, en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por cuanto ninguna de las partes resultó totalmente vencida en esta contienda. La sentencia documental se publicará dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes al de hoy de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. CUMPLASE, REGISTRASE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA DE LA ANTERIOR DECISION. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEXTO (6°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, en ésta ciudad a los treinta y uno (31) días del mes de enero de dos mil diecinueve (2019). Año 208º de la Independencia y 159º de la Fe.....

Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Estadal Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Funcionarial interpuesto por la abogada MARÍA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 25.200, actuando en representación de la ciudadana GLADYS MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-10.180.604, contra el Acto Administrativo N° DGCH-2018-004 de fecha 10 de enero de 2018, emanado de la Dirección de Gestión de Capital Humano de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. SEGUNDO: CONFIRMA el Acto Administrativo N° DGCH-2018-004 de fecha 10 de enero de 2018, emanado de la Dirección de Gestión de Capital Humano de la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Segundo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado RICARDO LEZAMA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 164.867 actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSE RAMON RAMOS, titular de la cedula de identidad Nº V.- 13.183.578, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Noveno Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.-CON LUGAR el presente recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana GERALDINE CAROLINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-19.906.558, debidamente asistida por el abogado Tomás Hilario Araujo Gutiérrez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 224.927, actuando en su condición de Defensor Público sexto (6°) con competencia en materia Contencioso Administrativa, contra INTEGRAL DE MERCADOS Y ALMACENES (INMERCA) C.A. 2.- Se DECLARA la nulidad de la Providencia Administrativa Exp. N° 023-2016, de fecha 03 de julio de 2017, conforme a lo expresado en la motiva del presente fallo. 3.- Se ORDENA a INTEGRAL DE MERCADOS Y ALMACENES (INMERCA) C.A., la restitución inmediata de los lo.....

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena: PRIMERO: LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE BIENES de la sociedad mercantil PROSEGUROS, S.A., de conformidad con lo establecido en la motiva del presente fallo. SEGUNDO: CONCLUIDA la determinación REMITIR a la brevedad posible las resultas de la misma, a los fines que este Tribunal proceda a pronunciarse sobre la procedencia o no de la solicitud de la parte demandada sobre la suspensión de la medida de embrago preventiva decretada en fecha 20 de octubre de 2016, verificando la suficiencia o no de la caución a que se refiere el contrato de fianza, conforme a lo dispuesto en la motiva de la presente decisión.