Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada MARÍA ISABEL VILORIA COLS, obrando con el carácter de apoderada judicial de la empresa INVERSIONES TROPICAL RIBS C.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 525-2005, de fecha 15 de agosto de 2005, dictada por la Inspectoría del trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, todos, suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados JESÚS EFRAIN MUÑOZ, OSCAR BERNAL SEGOVIA y STEVE CONDE, obrando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil LAMINADOS INNOVADORES LAMINOVA C. A, contra la Providencia Administrativa No. 260-05, dictada en fecha 16 de junio de 2005, por la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado JESÚS MANUEL CAMPOS SALAZAR, obrando con el carácter de apoderado judicial de la empresa INVERSIONES SOSAMES C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 009032, de fecha 6 de abril de 2005, dictada por la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, todos, suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo.

Con fundamento en lo antes señalado este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente querella interpuesta por el abogado Stalin A. Rodríguez S., actuando como apoderado judicial de la ciudadana LISNEIRA ROSALÍA VERA SEIJAS, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA, por estimar que tal conocimiento corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central con sede en Maracay, Estado Aragua, al cual se ordena remitir el expediente.

Por lo antes expuesto, este Tribunal Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR en el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano MANUEL GONZALEZ OVIEDO, ya identificado, actuando en su propio nombre, contra el acto administrativo contenido en el oficio No. C-J 0617/0302 de fecha 21 de marzo de 2002, dictado por el Presidente del Instituto Autónomo de Tránsito, Transporte y Circulación del Municipio Chacao del Estado Miranda, el cual se confirma

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara el ABANDONO DE TRAMITE de la presente acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada NAYADET MOGOLLON PACHECO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 42.014, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil denominada PUBLICIDAD VEPACO, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 07 de julio de 2000, anotado bajo el N° 31, en contra de la Alcaldía del Municipio Baruta.

declara: 1.- ADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con Suspensión de efectos por los abogados ANDRÉS JOSÉ LINARES BENZO y ANABELLA RIVAS GOZAINE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 42.259 y 98.588, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), sociedad mercantil de este domicilio, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal (ahora Distrito Capital) el 20 de junio de 1930, bajo el Nro. 387, Tomo 2, cuya última reforma de su documento constitutivo estatutario quedo inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 18 de diciembre de 2003, bajo el Nro. 10, Tomo 184-A-Pro, contra la Providencia Administrativa Nro. 1349-06, de fecha 18 de abril de 2006, dictada por la Inspectoria del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, mediante la c.....

CON LUGAR la inhibición planteada por el Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, abogado Luís Rodolfo Herrera.

PRIMERO: CONDENA al ciudadano FRANK WILMAN PRADO CALZADILLA, quien es venezolano, natural de Caracas, nacido en fecha 29-04-84, de 22 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio Estudiante residenciado en: La Dolorita, Boulevard San Gregorio, Casa Nº 37, Petare, Estado Miranda e hijo de MANUEL PRADO (V) y de ERNESTO EULOGIA TAVERA (F), y titular de la Cédula de identidad Nº 18.030.552, a cumplir la pena de DIECISISTE (17) AÑOS DE PRISIÓN, por considerarlo autor responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÒN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 408, Ordinal 1° del Código Penal Vigente para el momento de los hechos, en perjuicio del ciudadano LUIS RICARDO VARGAS DIAZ, por los cargos que le imputara el Estado Venezolano a través de la acusación interpuesta por el Fiscal 124° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, ocurridos en fecha 30-05-2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.....

Se DECLARA SIN LUGAR el recurso Apelación interpuesto por la Abg. GIOCONDA ARIAS, en su carácter de Defensora de los ciudadanos: EVANGELINA MARIA PUPO DE RIVAS y ROBERTO CARLOS CESPEDES BLANCO, en contra de la decisión emanada del Juzgado Vigésimo Primero (21°) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal. SE CONFIRMA la medida privativa judicial preventiva de libertad, dictada por el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada en fecha 07-10-06, por encontrarse acreditado el delito de FALSIFICACION DE MONEDA, previsto y sancionado en el artículo 298 ordinal 3° del Código Penal. Se declara improcedente la solicitud de una medida cautelar menos gravosa, así como el cambio de calificación, por no haberse violado ningún principio ni garantía Constitucional y Procedimental.