II Por los razonamientos que se dejan expuestos en los párrafos precedentes, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ADMITE LA INTERVENCIÓN VOLUNTARIA COMO ADHESIVOS SIMPLE, de las sociedades mercantiles, INMUEBLES DANAE 95, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal, (hoy) Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 11 de septiembre de 1996, bajo el N° 53, Tomo 246-A-Pro, e INMOBILIARIA DANAE 2.012, C.A., inscrita en el Registro Mercantil IV de la Circunspección Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 13 de septiembre de 2012, bajo el N° 8, Tomo 141-A-Cto, conforme a lo dispuesto en el ordinal 3º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil y 379 eiusdem.

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, el presente RECURSO DE NULIDAD interpuesto el ciudadano RICHARDS ALEXANDER SILVA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nº 12.053.065, de profesión militar con la jerarquía de Sargento Mayor de Primera (SM1), contra el Acto Administrativo NRO. GN-80802, de fecha 03 de julio de 2015, suscrita por el ciudadano NESTOR RUIZ REVEROL TORRE, en su carácter de Mayor General Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. SEGUNDO: La NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NRO. GN-80802, de fecha 03 de julio de 2015, suscrita por el ciudadano NESTOR RUIZ REVEROL TORRE, en su carácter de Mayor General Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, en la cual .....

Ahora bien, corresponde a este Tribunal constatar la existencia del fumus bonis iuris o periculum in mora, para lo cual se advierte que la parte actora al momento de solicitar la referida protección cautelar no fundamentó la misma en hechos concretos, así como tampoco aportó elementos probatorios que demostraran que efectivamente el transcurso del tiempo le causaría un daño de difícil reparación en la definitiva en la presente causa; en consecuencia, resulta forzoso para este Órgano Jurisdiccional, declarar IMPROCEDENTE la solicitud de la medida cautelar solicitada. Lo anterior no obsta a que con base a las facultades conferidas por la ley, el Juez Contencioso pueda dictar medidas cautelares de oficio en el transcurso del proceso, si se configuraran los extremos exigidos. Así se decide.

Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE el Recurso Extraordinario de Casación anunciado en fecha 05 de Octubre de 2016, por el abogado Willians Medina León, antes identificado, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Rosalba Gómez viuda de Osorio contra la sentencia proferida por esta Alzada, en fecha 29 de Septiembre de 2016. SEGUNDO: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay expresa condena en costas. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión conforme el artículo 248 del Código Adjetivo Civil y remítase el expediente en su oportunidad legal correspondiente. Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de Despacho del Juzgado Super.....

De ahí que, no habiendo promovido pruebas que acreditara la enemistad aducida por la parte recusante, los hechos por ella invocados no dejan de constituir más que simples asertos, puesto que carecen de soporte probatorio, ya que en la oportunidad establecida en el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil, sólo fue promovido un legajo de copias certificadas que no guardan relación con la recusación aquí planteada. De modo que, no cumpliendo el recusante con la carga de demostrar su imputación, resulta improcedente la recusación en referencia. En consecuencia, no habiendo sido fundamentada con pruebas, la recusación en cuestión, la misma deberá declararse sin lugar, imponiéndose a la parte recusante multa de dos mil bolívares (Bs. 2.000, oo) todo de conformidad con los artículos 96 y 98 del Código de Procedimiento Civil que hoy equivale a dos (Bs.F 2) bolívares fuertes.

Sin embargo, revisados los autos esta Alzada no observa la existencia de medio de prueba alguno que acredite enemistad entre la parte recusante y el juez de la causa y, menos aún, que tal enemistad la haya originado la referida denuncia por ante la Oficina de Sustanciación de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, y no constando en autos ningún elemento que se contraponga a la alegación del juez de la causa, su dicho produce convencimiento en este órgano de segunda instancia. De manera que, conforme a lo antes establecido esta Alzada no observa que, al menos, al momento de la presentación de la recusación, pre-existiera enemistad o animadversión del juez hacia la contraparte de la recusante, por lo cual se desestima dicha recusación.

Este Tribunal, con vista a la manifestación de voluntad expresada por las partes y que la mediación ha sido positiva, da por concluido el presente proceso y por cuanto evidencia no se vulneran derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, procede a HOMOLOGAR EL ACUERDO TRANSACCIONAL ALCANZADO POR LAS PARTES, otorgándole el carácter de cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Asimismo se indica a las partes, que las pruebas promovidas al inicio de la audiencia preliminar, deberán ser retiradas por ante la Oficina de Atención al Público (O.A.P.), ordenándose por medio del presente hacer entrega de las mismas, a la Oficina de Depósito de Bienes, de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Y así se decide.

. En consecuencia, ordena remitir las actas procesales que conforman el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil. Librese el correspondiente oficio. -

III DISPOSITIVA En mérito a todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: EL DECAIMIENTO Y EXTINCIÓN por abandono y falta de interés del recurso de apelación ejercido por la parte actora-recurrente contra la Sentencia de fecha treinta (30) de Mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), dictada por el Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES sigue el ciudadano FRANCISCO MORALES PEREZ contra la empresa mercantil CONSORCIO CONSTRUCCIONES SOARES DA COSTA Y ASOCIADOS, C. A. y SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOARES DA COSTA, S. A. plenamente identificados al inici.....